Por José Granados Fernández
Twitter @JoseGranadosF

En momentos en que Barranquilla libra una batalla contra organizaciones criminales que asesinan, extorsionan y se enriquecen con el narcotráfico, los jueces penales con funciones de conocimiento dejaron al descubierto la fragilidad del Sistema Penal Acusatorio para imputar y judicializar a los responsables de esos hechos delictivos por la falta de fiscales y de investigadores judiciales.

La advertencia está consignada en un derecho de petición, conocido por este periodista, que el 15 de junio pasado presentaron los 16 jueces penales ante el director seccional de la Fiscalía, José Manuel Martínez.

“Es humanamente imposible que el reducido número de fiscales que actualmente asisten a juicios orales, ante los diferentes despachos penales, puedan concurrir al mismo tiempo a las diferentes diligencias”, afirman en el sexto punto de su petición y, más preocupante aún, señalan que la carencia de personal “genera constantes aplazamientos, vencimientos de términos y eventuales prescripciones de la acción penal”.

En el petitorio, que tiene entre sus objetivos, uno, que “se adopten las medidas administrativas para que se duplique el número de fiscales que asisten a los juicios orales”, y, dos, que se “incremente el número de policiales judiciales que apoyan a los fiscales”, los jueces rememoran que desde hace varios años Barranquilla es el “Distrito Judicial con menos jueces penales por cada 100 mil habitantes”, por lo que el Consejo Superior de la Judicatura ha hecho nombramientos y hoy se cuentan con 15 jueces penales de circuito con funciones de Conocimiento, 7 jueces penales municipales con funciones de conocimiento, 5 jueces penales del circuito especializados y 2 jueces promiscuos del circuito de Puerto Colombia.

“Con un gran esfuerzo presupuestal, el Consejo Superior de la Judicatura ha incrementado en los últimos años el número de despacho para garantizar el acceso a la administración de justicia de los usuarios”, destacan en su petición, y a reglón seguido se quejan: “sin embargo, por parte de la Fiscalía General de la Nación no se ha incrementado el número de fiscales que asisten a los juicios orales, lo que genera atrasos en las agendas de los jueces, quienes se ven forzados a esperar incluso horas a que un fiscal se desocupe de realizar una audiencia en otra cédula judicial”.

Para reforzar sus argumentos, de manera detallada, los jueces exponen las limitaciones de personal existentes. La Unidad de Vida, que atiende los casos de homicidios en Barranquilla y su área metropolitana sólo cuenta con 4 fiscales que asisten a juicios ante los 15 jueces penales del circuito y los 2 jueces de Puerto Colombia.

La Unidad Caivas, que atiende los delitos sexuales, solamente cuenta con 3 fiscales para atender los casos en esos 17 juzgados.

Igual limitación de personal se presenta en las unidades de Seguridad Pública, Cavif (delitos de violencia intrafamiliar), Local y la de Fiscales Especializados que actúan ante 12 juzgados penales municipales y del circuito.

“Además de ser un número reducido de fiscales el que asiste a juicios orales, no cuentan con un funcionario de policía judicial que pueda apoyarlos en la ubicación de los testigos o que rinda un informe que pueda soportar una solicitud de admisibilidad excepcional de prueba de referencia, lo que genera que los juicios no avancen por la falta de concurrencia de los testigos”.

Al reclamar el nombramiento de más investigadores, los jueces afirman que “siendo el juicio oral la parte medular del proceso penal, no puede quedar a la deriva sin suficiente recurso humano fiscal de policía judicial para sacarlo avante”.

Se quejan, igualmente, de la falta de celeridad y eficiencia que existe cuando a la Fiscalía se le da por redistribuir los procesos entre los diferentes despachos. Señalan los jueces que muchas veces la entrega física no funciona y han existido casos en los que han “fracasado las audiencias”, en especial de la Unidad de Seguridad Pública, porque al nuevo fiscal que le toca un caso no le han entregado de manera oportuna la carpeta de este.

El 7 de julio, José Manuel Martínez, como director seccional (e) de la Fiscalía, les respondió a los jueces que estaban en marcha unas medidas administrativas y les anunció que iba a organizar una mesa técnica con ellos para “realizar un diagnóstico situacional de la carga de trabajo”.

Sin embargo, Martínez -duró poco menos de dos meses en el cargo- fue reemplazado en otro cambio sorpresivo de esos que ordena la Fiscalía desde Bogotá, y no se sabe qué soluciones dará el nuevo director seccional ante la preocupante debilidad del Sistema Penal Oral Acusatorio que han dado a conocer los jueces penales de Barranquilla.